Fuente: El Nacional
Foto: Daniel Espinoza

"Hay que recordar que no hubo una toma compulsiva, violenta o agresiva de instalaciones, sino que fue un proceso con apego a la Constitución", dijo Ángel Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional.

La demanda contra Venezuela presentada esta semana por la cementera suiza Holcim, nacionalizada en 2008, no tiene fundamento legal porque se realizó según la Constitución, consideró el jueves Ángel Rodríguez, diputado de la Comisión de Minas de la Asamblea Nacional.

"Hay que recordar que no hubo una toma compulsiva, violenta o agresiva de instalaciones, sino que fue un proceso con apego a la Constitución. Las negociaciones fueron cordiales y de beneficio mutuo", dijo Rodríguez, según un comunicado transmitido por la Asamblea Nacional.

"En casos como estos, los reclamos judiciales son muy engorrosos y lentos, por lo que, de mantenerse la demanda, esta empresa tendrá que esperar varios años antes de recibir cualquier compensación por sus activos", agregó.

Holcim presentó el 23 de marzo una demanda ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferendos sobre Inversiones (CIADI), controlado por el Banco Mundial, para pedir compensaciones al gobierno de Venezuela.

Según el acuerdo firmado por la cementera y el gobierno venezolano, Holcim tenía que ceder el 85% de sus acciones por 552 millones de dólares y pasar a ser socio minoritario con una participación de 15%.

Rodríguez calificó de "desmesurada" la aspiración del conglomerado suizo de obtener ahora una cantidad superior a los 552 millones de dólares acordados.

"Están solicitando que se les reconozca el valor de mercado, para aumentar el precio de manera desmedida, en función de las ganancias que hubiesen percibido en el futuro", condenó el parlamentario.

En abril de 2008, el Ejecutivo venezolano ordenó la nacionalización de las plantas cementeras y en agosto anunció la expropiación de la filial de la mexicana Cemex, responsable de un 50% de la producción local de cemento, con la que mantiene desde entonces un litigio internacional.

El gobierno obtuvo un acuerdo para adquirir los activos de la francesa Lafarge y de Holcim aunque los pagos todavía no han sido efectuados.